Sí, es obligatoria para las empresas que cuenten con más de 50 personas trabajadores. El Anexo I del Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, por el que se desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas recoge de conformidad con el artículo 8.3, entre las medidas planificadas que se deberán desarrollar y asumir, al menos:

Cuarto. Formación, sensibilización y lenguaje. Las empresas integrarán en sus planes de formación módulos específicos sobre los derechos de las personas LGTBI en el ámbito laboral, con especial incidencia en la igualdad de trato y oportunidades y en la no discriminación. La formación irá dirigida a toda la plantilla, incluyendo a los mandos intermedios, puestos directivos y personas trabajadoras con responsabilidad en la dirección de personal y recursos humanos. Los aspectos mínimos que deberán contener son: 

• Conocimiento general y difusión del conjunto de medidas planificadas LGTBI recogidas en el o los convenios colectivos de aplicación en la empresa o los acuerdos de empresa en su caso, así como su alcance y contenido.
• Conocimiento de las definiciones y conceptos básicos sobre diversidad sexual, familiar y de género contenidas en la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
• Conocimiento y difusión del protocolo de acompañamiento a las personas trans en el empleo, en caso de que se disponga del mismo. 
• Conocimiento y difusión del protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso discriminatorio o violencia por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género y características sexuales. 

Se fomentarán medidas para garantizar la utilización de un lenguaje respetuoso con la diversidad.

El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar sanciones económicas que pueden llegas hasta los 150.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Además las empresas que no cumplan con estas medidas, pueden verse impedidas de contratar con la Administración Pública y en caso graves, podrían enfrentarse al cese de su actividad durante un periodo de hasta 3 años..